¡Federalizar la investigación de la masacre en Penha y Alemão, ya!
7 de noviembre de 2025
El 28 de octubre, el gobierno del estado de Río de Janeiro estremeció al país con la operación más letal de nuestra historia: 121 muertos, según cifras oficiales, entre ellos cuatro policías y 117 personas señaladas como sospechosas.
En los complejos de Penha y Alemão se hallaron cuerpos en el monte, muchos con signos de tortura y ejecución en posición de rendición. La operación, que debía cumplir 100 órdenes de arresto, solo logró ejecutar 20. Tras nueve meses de preparación, quedó claro que se planearon muertes en lugar de detenciones. El presidente Lula lo expresó con firmeza: “La decisión del juez era una orden de arresto, no una orden de matanza. Y hubo matanza”.
El gobernador Cláudio Castro calificó la acción como “un éxito”, al tiempo que impidió la participación de la Defensoría Pública en la identificación de los cuerpos, contrariando lo estipulado en el ADPF Favelas (acción presentada ante el STF para evitar violaciones constitucionales por parte del poder público). Su actitud revela la intención de encubrir la violencia y garantizar la impunidad.
Mientras tanto, en las favelas la vida continúa marcada por la precariedad y la ausencia de servicios públicos. La población se ve obligada a recurrir a los “servicios” de la criminalidad para acceder a derechos básicos como electricidad, gas o internet.
En menos de 24 horas, se creó un supuesto Consorcio de la Paz, con el respaldo de gobernadores de Minas Gerais, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal y São Paulo (este último por videoconferencia). La estrategia de Castro, candidato a senador, evidencia la reagrupación de la derecha para no perder protagonismo político.
Diputados de derecha y extrema derecha, en su discurso histérico contra un supuesto “narcoterrorismo”, buscan incluso la intervención de autoridades estadounidenses, poniendo en riesgo la soberanía nacional. En el plano federal, los mismos actores intentan manipular la agenda para desgastar la creciente popularidad del presidente Lula, con el apoyo servil de buena parte de la prensa.
El combate a la criminalidad debe realizarse dentro de los marcos legales. Sin embargo, los diputados de derecha y del centrão (coalición de diputados de derecha y extrema derecha, NdT) bloquean la votación de la iniciativa de reforma constitucional (PEC) de la Seguridad Pública, en complicidad con gobernadores que temen perder los esquemas de corrupción y extorsión que los enriquecen. Una mayor presencia federal en las investigaciones, como prevé la PEC, podría desmantelar esos mecanismos.
Los parlamentarios prefieren comisiones espectaculares antes que garantizar servicios públicos y protección real a los residentes. Ejecutar un mandato judicial no significa disparar un arma: eso es pena de muerte. Y no puede ser investigado por los cómplices de los ejecutores. No existen procesos judiciales en el 99% de los asesinatos cometidos por el Estado, ni en masacres recientes como las de Cabula (Bahía), Guarujá (São Paulo) y Jacarezinho (Río de Janeiro).
La Operación Contención fue premeditada, al igual que el asesinato de la concejala Marielle Franco. La federalización de ese caso permitió a la Policía Federal identificar a los criminales y a los autores intelectuales. Lula ya habló de la necesidad de una “investigación independiente” y de la “posibilidad de que peritos federales acompañen” el proceso.
La respuesta que exige el momento es clara: la inmediata federalización de la investigación de esta y otras masacres, junto con la reparación integral a las víctimas. Diálogo y Acción Petista (DAP) respalda y convoca al partido y a la sociedad a sumarse a la Campaña por la Federalización de la Investigación de las Masacres.
